Resumen
La Contraloría General de la República ratificó el dictamen N° 19.906, de 2014, al no acreditarse que la información que indujo a error a una servidora contratada a honorarios hubiese sido proporcionada por un funcionario de la entidad competente. En la parte resolutiva, el organismo declaró que no le corresponde pronunciarse sobre la interpretación y cumplimiento de un contrato, por tratarse de un asunto de carácter litigioso según el artículo 6° de la ley N° 10.336. Sin perjuicio de ello, advirtió a la Superintendencia de Pensiones que una cláusula contractual, tal como esa repartición la aplicaba, vulnera el criterio que impide otorgar a los contratados a honorarios beneficios económicos superiores a los de los funcionarios sujetos a la ley N° 18.834. Por ello ordenó modificar esos contratos y informar en 30 días.