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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de Alto del Carmen, que había negado información sobre las autorizaciones de trabajo virtual otorgadas a funcionarios de planta y contrata durante los años 2021 a 2024, incluyendo los procesos administrativos que les dan validez. El Consejo sostuvo que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio social respecto de sus antecedentes administrativos y del desempeño de sus labores, y descartó que la entrega afectara derechos de terceros o las funciones de la reclamada. Ordenó, en virtud del principio de divisibilidad, tarjar previamente los datos personales de contexto contenidos en la documentación, conforme a la Ley sobre protección de la vida privada. La decisión fija un plazo para la entrega de la información, con apercibimiento de multa de 20% a 50% de la remuneración en caso de incumplimiento, y exige acreditar el cumplimiento ante el Consejo. Contra ella procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva en 15 días corridos desde la notificación.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 19.628
  • Ley N° 18.575
  • Resolución Exenta N° 491
  • Oficio N° 21
  • Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Los funcionarios públicos deben entregar información sobre sus autorizaciones de trabajo virtual y los procesos administrativos que las respaldan?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra la Municipalidad de Alto del Carmen y ordenó entregar la información sobre las autorizaciones de trabajo virtual otorgadas a funcionarios de planta y contrata, incluyendo los procesos que les dan validez. Sostuvo que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio social respecto de sus antecedentes administrativos.

¿Se puede negar el acceso a documentos administrativos de un municipio alegando que afecta la privacidad de los funcionarios?

En este caso, el Consejo descartó que la entrega afectara derechos de terceros o las funciones de la reclamada. Ordenó tarjar previamente los datos personales de contexto contenidos en la documentación, aplicando el principio de divisibilidad.

¿Qué ocurre si un organismo público no cumple una resolución del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información?

En este caso, la decisión fijó un plazo para la entrega de la información, con apercibimiento de multa de 20% a 50% de la remuneración en caso de incumplimiento, y exigió acreditar el cumplimiento ante el Consejo. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva en 15 días corridos desde la notificación.

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