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El Consejo para la Transparencia acogió dos amparos interpuestos por un exfuncionario e…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2019

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió dos amparos interpuestos por un exfuncionario en contra de la Municipalidad de Alto del Carmen, que habían sido denegados por el órgano municipal. El municipio alegaba que la entrega de la información requerida distraería indebidamente sus funciones. El Consejo rechazó esa alegación, al considerar que los antecedentes solicitados debían obrar en poder del propio municipio, y ordenó la entrega de la información personal del reclamante: contratos y anexos, permisos, certificados de estudios, capacitaciones, trabajos extraordinarios y registros de ingreso y salida, comprendidos entre 2013 y septiembre de 2018. Se fijó un plazo de cinco días hábiles, contados desde que la decisión quede ejecutoriada, para cumplir, con apercibimiento legal, y se exigió acreditar la entrega. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de 15 días corridos desde la notificación.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoGrupos de interés especial

Preguntas frecuentes

¿Puede un municipio negarse a entregar información sobre un funcionario alegando que hacerlo distraería sus funciones?

En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó esa alegación, porque los antecedentes solicitados debían obrar en poder del propio municipio, y acogió los amparos ordenando la entrega.

¿Qué información personal de un exfuncionario municipal puede ordenar entregar el Consejo para la Transparencia?

En este caso, se ordenó entregar contratos y anexos, permisos, certificados de estudios, capacitaciones, trabajos extraordinarios y registros de ingreso y salida, correspondientes al período comprendido entre 2013 y septiembre de 2018.

¿Cuál es el plazo para cumplir una decisión del Consejo para la Transparencia y qué recurso procede contra ella?

En este caso, se fijó un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, con apercibimiento legal. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de 15 días corridos desde la notificación.

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