Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de un funcionario del Hospital Mutual de Seguridad de Santiago, quien consultó por qué su pensión de retiro de la ex Caja de Previsión de Empleados Particulares no se fijaba considerando el límite de sesenta unidades de fomento. El Instituto de Previsión Social informó que, desde marzo de 1981, las rentas base de las pensiones de esa ex caja fueron rebajadas según un factor específico, y que el tope de pensión para 2017 era de $1.234.819. Citando el artículo 5° del decreto ley N° 3.500, de 1980, la Contraloría recordó que la exención de imposiciones aplica a la parte de las remuneraciones que exceda ese límite. Concluyó que la pensión debe calcularse conforme a la normativa aplicable a ese tipo de jubilaciones, tal como lo comunicó el instituto previsional, dando así por satisfecha la solicitud, y remitió al organismo previsional una copia de su informe.