La Fiscalía Nacional Económica requirió ante el Tribunal de Defensa de la Libre Compete…
Sentencia · Tribunal de Defensa de la Libre Competencia · 2014
Resumen
La Fiscalía Nacional Económica requirió ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a varias empresas de transporte público de Valdivia y a su asociación gremial, por haber acordado alzas tarifarias desde 2008, en infracción al artículo 3° del DL N° 211. El tribunal acreditó la colusión a partir de reuniones gremiales, comunicaciones coordinadas a la autoridad y actas alteradas, y las condenó con multas de 15 y 10 UTA, además de ordenar programas de cumplimiento para algunas empresas. Un ministro disintió en el monto de las sanciones, estimando que debían ser mayores y calculadas sobre los ingresos durante todo el período del cartel, y propuso multas de 67,5 y 45 UTA, junto con programas de cumplimiento para las requeridas que no conciliaron.
Normas citadas
Artículo 3° del Decreto Ley N° 211
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Preguntas frecuentes
¿Constituye colusión que empresas de transporte público acuerden alzas tarifarias en conjunto según el artículo 3° del DL 211?
En este caso, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acreditó que las empresas de transporte público de Valdivia y su asociación gremial acordaron alzas tarifarias desde 2008, infringiendo el artículo 3° del DL N° 211. La colusión se probó a partir de reuniones gremiales, comunicaciones coordinadas a la autoridad y actas alteradas.
¿Qué sanciones puede imponer el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por un cartel tarifario en el transporte público?
En este caso, el tribunal condenó a las empresas y a la asociación gremial a multas de 15 y 10 UTA, y ordenó programas de cumplimiento para algunas de las empresas. Un ministro disintió, estimando que las multas debían ser mayores y calculadas sobre los ingresos de todo el período del cartel, proponiendo 67,5 y 45 UTA.
¿Qué ocurre cuando un ministro del tribunal disiente en el monto de las multas por colusión?
En este caso, el ministro disidente estimó que las sanciones debían ser más altas y calculadas sobre los ingresos durante todo el período del cartel, proponiendo multas de 67,5 y 45 UTA. Además, propuso programas de cumplimiento para las requeridas que no conciliaron, quedando su postura como voto de minoría frente a la decisión mayoritaria.
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