Resumen del criterio jurisprudencial
La Fiscalía Nacional Económica interpuso un requerimiento contra varias empresas de transporte público y sindicatos de Osorno por colusión en la fijación de tarifas y congelamiento de la oferta de buses. El acuerdo, formalizado en un acta de noviembre de 2007, estableció tarifas uniformes de $300 para microbuses y $350 para taxis colectivos, y prohibió el traslado de buses entre líneas. La FNE argumentó que el acuerdo era anticompetitivo y que el paro de trabajadores fue instrumentalizado por los empresarios. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia consideró que la conducta constituía una infracción a la libre competencia, imponiendo multas a los requeridos. Un ministro disidente estimó que las multas debían ser más altas.