Resumen del criterio jurisprudencial
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento contra cuatro empresas de transporte público rural que operan en la ruta entre Puerto Montt y Los Muermos, acusándolas de colusión para fijar precios y repartirse el mercado. Las empresas se organizaron en la 'Agrupación de Buses de Los Muermos' para asignar frecuencias y horarios, cobrando tarifas máximas sin competencia. En 2008, dos de las empresas (Ruta Muermos y Transportes Barrios) se desviaron del acuerdo, lo que provocó su expulsión y actos de hostigamiento por parte de las otras dos (Buses San Carlos y EM Bus), incluyendo obstrucción de andenes y amenazas. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acogió el requerimiento, declarando que las empresas incurrieron en prácticas contrarias al artículo 3º del Decreto Ley Nº 211, e impuso multas diferenciadas: 12,5 UTA para las dos principales y 2,5 UTA para las otras dos.