Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de un ex suboficial de Gendarmería de Chile, quien pedía el pago del desahucio contemplado en el decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960. El organismo concluyó que no corresponde otorgar ese beneficio, porque el solicitante se afilió al Sistema de Pensiones del decreto ley N° 3.500, de 1980, desde su ingreso a la Administración Pública, y ese régimen no contempla el desahucio ni beneficios similares. Por ello, tampoco tenía derecho a efectuar cotizaciones al Fondo de Seguro Social. En consecuencia, la Contraloría resolvió que solo procede la restitución de las cantidades cotizadas indebidamente por el recurrente, para lo cual se requiere que acompañe una relación detallada, mes a mes, de los descuentos efectuados por tal concepto, emitida por su exempleador.