Resumen
La Contraloría General de la República analizó si el Decreto con Fuerza de Ley N° 7, de 2017, del Ministerio de Salud, que fijó la nueva planta de profesionales del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, afectaba la carrera funcionaria del personal. El organismo concluyó que no existe ilegalidad: la ley N° 20.972 facultó al Presidente de la República para fijar las plantas y distribuir los cargos adicionales, sin que se vulnerara el derecho a la carrera ni se advirtiera discriminación arbitraria. Señaló que la diferencia de cargos entre los grados 8 y 9 ya existía en la planta anterior, que la alegación sobre la ley N° 20.209 resultaba inoficiosa por no regir la nueva planta, y que los compromisos asumidos en acuerdos con gremios no son vinculantes para la Administración. Por ello, las reclamaciones fueron desestimadas.