Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad impetrado por el Servicio de Impuestos Internos en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia que acogió el amparo al derecho de acceso a la información pública deducido por una personal natural ordenando la entrega de copia de todos los Oficios Circulares dictados en el año 2022. En su reclamación el Ente Fiscal precisó que un particular, mediante una solicitud por Ley de Transparencia, requirió copia de todos los Oficios Circulares de los años 2023 y 2022, denegando la referida información ya que no existía la relativa al año 2023, mientras que la perteneciente al año 2022 era aplicable las causales de reserva previstas en la Ley N° 20.285. Luego, fue impetrado por el solicitante un recurso de amparo ante el Consejo para la Transparencia que ordenó solo la entrega de los Oficios Circulares del año 2022 del Servicio de Impuestos Internos; decisión que se estimó errada por el recurrente puesto que esa información se encontraba bajo la hipótesis de reserva contemplada en el artículo 21 N°s 1 y 4 de la Ley N° 20.285. En efecto, el Servicio argumentó que la entrega de los referidos antecedentes afectaba los intereses comerciales del país, en especial, el diseño del sistema tributario y el desarrollo de la actividad económica del Estado. Además, agregó que la publicidad de esa información alteraría su función, y, consecuencialmente, el interés nacional que subyacía en la debida protección de las fuentes del ingreso público. Por su parte, el Consejo para la Transferencia comunicó que ordenó la entrega de los Oficios Circulares dado que eran Actos Administrativos internos de un órgano público en el cumplimiento de sus funciones públicas, y que en virtud del principio de publicidad, esa información era susceptible de ser otorgada por medio de la Ley de Transparencia. Asimismo, indicó que no se configuraba la causal de reserva alegada por el Servicio de Impuestos Internos, en atención a que los Oficios Circulares no tenían la potencialidad de afectar el interés nacional. A su vez el solicitante manifestó que el Órgano Fiscalizador no aportó antecedentes que permitieran presumir que la entrega de los referidos Actos Administrativos pudieran influir de modo alguno en el debido cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras. Al respecto, la Corte de Apelaciones teniendo presente que la función pública se debía ejercer con transparencia, entendiendo por tal que se promoviera el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones adoptados por las Entidades Públicas estableció que la controversia se concentró en determinar si la solicitud y consecuencial entrega de los Oficios Circulares configuraba la hipótesis de reserva que disponía el artículo 21 N° 4 de la Ley N° 20.285. Así, el Ente Fiscal para que pudiera denegar el acceso a los referidos documentos debía haber acreditado que su publicidad afectaría el interés nacional, y en particular los intereses económicos del país. En razón de lo anterior, el Tribunal de Alzada con el mérito de las alegaciones y documentos acompañados al proceso, concluyó que el recurrente no aportó antecedentes que avalaran que la entrega de la documentación solicitada pudiera implicar que se revelarían métodos de trabajo, estrategias y mecanismos específicos relativos a la función fiscalizadora tributaría, ni como la divulgación de los mismos facilitarían las conductas de los contribuyentes tendientes a dificultar las acciones fiscalizadoras. Asimismo, la Magistratura agregó que para haber hecho una correcta aplicación de la reserva de información se debió haber acreditado cómo la publicidad de los antecedentes afectaba de manera cierta la seguridad o el interés de la nación. Por lo que al no haberse demostrado las razones o motivos que legitimaban la denegación de la referida información, solo era procedente determinar que debía prevalecer la publicidad de dichos Acto Administrativos.