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La Corte Suprema rechazó el reclamo de ilegalidad del Servicio de Impuestos Internos (S…

Sentencia · Corte Suprema · 2025

Resumen

La Corte Suprema rechazó el reclamo de ilegalidad del Servicio de Impuestos Internos (SII) contra una decisión del Consejo para la Transparencia que acogió un amparo de acceso a la información. El SII se negaba a entregar oficios circulares internos que regulan anotaciones tributarias, argumentando que su divulgación afectaría la eficacia fiscalizadora. La Corte confirmó que dichos oficios tienen naturaleza pública, por haber sido elaborados con presupuesto estatal y para el ejercicio de competencias públicas, y que no se acreditaron causales de reserva que justificaran mantenerlos en secreto. Por ello, prevalece el principio de publicidad, rechazándose el reclamo.

Normas citadas

  • Artículo 28° de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública
  • Artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia
  • Artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia
  • Artículo 8 de la Constitución Política de la República
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Preguntas frecuentes

¿Los oficios circulares internos de un servicio público que regulan su fiscalización son información pública y deben entregarse?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que sí. Los oficios circulares fueron elaborados con presupuesto estatal y para el ejercicio de competencias públicas, por lo que tienen naturaleza pública y no se acreditaron causales de reserva que justificaran mantenerlos en secreto.

¿Puede un servicio público negarse a entregar sus instrucciones internas alegando que su divulgación afectaría la fiscalización?

En este caso, la Corte Suprema rechazó ese argumento. El Servicio de Impuestos Internos invocó que la divulgación afectaría la eficacia fiscalizadora, pero no logró acreditar la causal de reserva, por lo que prevaleció el principio de publicidad.

¿Qué pesa más en un amparo de acceso a la información pública: el principio de publicidad o la alegación genérica de afectación de funciones del servicio?

En este caso, la Corte Suprema concluyó que prevalece el principio de publicidad. Al no acreditarse causales de reserva, rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto contra la decisión del Consejo para la Transparencia que acogió el amparo.

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