Resumen
El Tribunal Constitucional conoció una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte, de la Ley N° 18.290, que exige el cumplimiento efectivo de un año de la pena privativa de libertad antes de acceder a penas sustitutivas. La mayoría sostuvo que la norma vulnera la igualdad ante la ley y su racionalidad, al introducir una excepción sin razones objetivas que justifiquen el trato diferenciado, y que resulta desproporcionada, pues la protección de la víctima puede lograrse con medidas menos restrictivas, como limitaciones a la licencia de conducir, y que afecta la independencia judicial al impedir considerar las circunstancias de cada caso. Sin embargo, el fallo resolvió acoger parcialmente la acción, pues la inaplicabilidad debía analizarse en el contexto concreto de la gestión pendiente. Consideró que el requirente, por sus anotaciones penales anteriores, quedaría excluido de penas sustitutivas por la regla general, de modo que la norma impugnada no sería la que impondría la privación de libertad. Por ello, la resolución se centró en los antecedentes del expediente y en la estrategia procesal de la parte requirente.