Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la aplicación del artículo 121 del decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a un contrato celebrado por el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Bío-Bío. El órgano concluyó que, cuando se configura la hipótesis de dicho artículo, la repartición encargada del pago debe aplicar la actualización allí prevista, por cuanto el reglamento tiene jerarquía superior a las bases administrativas especiales, que regulan una materia distinta (el plazo para solucionar los estados de pago). Asimismo, precisó que la falta de disponibilidad presupuestaria no justifica los retrasos en los pagos contractuales, y que el plazo para la solución de los estados de pago es de días corridos. Las reparticiones deberán ajustar su actuación a estos criterios e informar a la Contraloría Regional del Bío-Bío en el plazo de 15 días.