Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de dos ex funcionarias de la Superintendencia de Educación que pretendían la bonificación adicional de 395 unidades de fomento. El organismo analizó el artículo 11 de la ley N° 20.734, que remite al artículo 4° de la misma ley, el cual exige, entre otros requisitos, que los beneficiarios estén afiliados al sistema de pensiones del decreto ley N° 3.500, cotizando o habiendo cotizado en dicho régimen. Según los registros del organismo, las recurrentes se pensionaron en el sistema de la antigua Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, por lo que no cumplen ese requisito. En consecuencia, concluyó que no tienen derecho al beneficio.