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La Corte de Apelaciones revisó un recurso de amparo económico interpuesto por una empre…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones revisó un recurso de amparo económico interpuesto por una empresa contra un organismo público debido a la revocación de una adjudicación en una licitación pública. El tribunal determinó que dicho recurso era improcedente, ya que la vía constitucional no es la idónea para resolver controversias de legalidad o mérito en procesos de contratación estatal. Se fundamentó en que la Ley de Compras Públicas establece un procedimiento especial y especializado para impugnar actos ilegales o arbitrarios ocurridos entre la aprobación de las bases y la adjudicación. Por lo tanto, se rechazó el recurso, al existir una normativa específica que debe ser observada para dirimir las diferencias entre los participantes y la entidad pública.

Normas citadas

  • Ley N° 18.971
  • Resolución Exenta N° 610
  • Ley N° 19.886
  • Resolución Exenta N° 656
  • Resolución Exenta N° 835
  • Resolución N° 1162
  • Resolución Exenta N° 354
  • Resolución N° 590
amparo económicolibertad económicaartículo 19 N° 21 ConstituciónLey N° 18.971licitación públicacontratación públicaLey N° 19.886Tribunal de Contratación Pública

Preguntas frecuentes

¿Es procedente recurrir a un recurso de amparo económico para impugnar una revocación de adjudicación en una licitación pública?

La Corte de Apelaciones determinó que el recurso de amparo económico no es la vía idónea para resolver controversias de legalidad o mérito en procesos de contratación estatal.

¿Qué vía legal se debe seguir para impugnar actos ilegales o arbitrarios en una licitación pública?

La Ley de Compras Públicas establece un procedimiento especial y especializado para impugnar actos ilegales o arbitrarios ocurridos entre la aprobación de las bases y la adjudicación.

¿Por qué se rechazó el recurso de amparo en este caso de licitación pública?

Se rechazó el recurso porque existe una normativa específica que debe ser observada para dirimir las diferencias entre los participantes y la entidad pública.

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