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La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que habí…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que había rechazado un recurso de protección interpuesto por la sociedad Dynamics Media Group S.A. contra la Resolución Exenta N°564 de Gendarmería de Chile, que ordenaba el cobro de una multa adicional de $20.441.240. La empresa había pagado oportunamente una multa reducida por 11 días de atraso, pero la Contraloría General de la República ordenó cobrar la diferencia por 20 días más. La recurrente alegó que la resolución vulneraba sus garantías constitucionales al no seguir el procedimiento de invalidación del artículo 53 de la Ley N°19.880, que exige audiencia previa. El tribunal acogió el recurso, dejó sin efecto la resolución y ordenó a Gendarmería realizar el procedimiento de invalidación conforme a la ley, oyendo previamente al interesado, por cuanto la institución excedió sus facultades al dejar sin efecto un acto administrativo sin el debido proceso, vulnerando la garantía del artículo 19 N°2 de la Constitución.

Normas citadas

  • Ley N° 19.880
  • Resolución N° 564
  • Artículo 53 de la Ley N° 19.880
  • Resolución Exenta N° 655
  • Resolución Exenta N° 156
  • Ley N° 10.336
  • Resolución N° 408
  • Resolución Exenta N° 1223
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Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si una empresa paga oportunamente una multa reducida y después el organismo ordena cobrar una diferencia adicional?

En este caso, la empresa había pagado la multa reducida en plazo, pero la Corte Suprema, al acoger el recurso de protección, dejó sin efecto la resolución que ordenaba cobrar la diferencia adicional. Consideró que el cobro se hizo sin seguir el procedimiento legal exigido.

¿Procede el recurso de protección contra una resolución administrativa que impone un cobro de multa?

En este caso, la Corte Suprema acogió el recurso de protección, revocando la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que lo había rechazado. Concluyó que la resolución que ordenaba el cobro vulneró la garantía de debido proceso del artículo 19 N°2.

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