El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la empresa Pacific Sea Food S.A., que cuestionaba determinadas frases de la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública, en particular las relativas a documentos que sirvan de sustento o complemento directo y esencial y a la información elaborada con presupuesto público. El caso surgió de un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. El tribunal resolvió que el derecho de acceso a la información en poder de órganos del Estado no puede condicionarse a la identificación previa de un interés público ni a su calificación por el propio órgano requerido, y que la información sobre relocalizaciones de centros de acuicultura, elaborada con presupuesto público, es pública. Para ello, por las consideraciones ambientales y la incidencia de la acuicultura en la calidad de las aguas, varió el criterio de la sentencia Rol N° 9972 y reiteró el de los fallos Roles N°s 10382 y 10769.
Normas citadas
Ley N° 20.285 - Artículo 5°, inciso primero
Ley N° 20.285 - Artículo 5°, inciso segundo
Ley N° 20.285 - Artículo 10, inciso segundo
acceso a información públicatransparenciainaplicabilidadinconstitucionalidadadministración del estadopresupuesto públicodocumentos públicos
Preguntas frecuentes
¿Puede un órgano del Estado negar el acceso a información pública alegando que el solicitante no justificó un interés público?
No. En este caso, el Tribunal Constitucional resolvió que el derecho de acceso a la información en poder de órganos del Estado no puede condicionarse a la identificación previa de un interés público ni a su calificación por el propio órgano requerido.
¿La información sobre relocalizaciones de centros de acuicultura es pública según la Ley de Transparencia?
Sí. En este caso, el Tribunal Constitucional declaró que la información sobre relocalizaciones de centros de acuicultura, elaborada con presupuesto público, es pública, considerando sus implicancias ambientales y la incidencia de la acuicultura en la calidad de las aguas.
¿El Tribunal Constitucional mantiene siempre el mismo criterio sobre el acceso a documentos de sustento o complemento directo y esencial?
No necesariamente. En este caso, el Tribunal Constitucional varió el criterio de la sentencia Rol N° 9972 y reiteró el de los fallos Roles N°s 10382 y 10769, atendiendo a las consideraciones ambientales del asunto.
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