El Consejo para la Transparencia conoció amparos interpuestos contra el Hospital Claudi…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció amparos interpuestos contra el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio por la negativa a entregar información relacionada con la interrupción voluntaria del embarazo, regulada por la Ley N° 21.030. El órgano reclamado sostuvo que la entrega era improcedente por la causal de reserva de distracción indebida de sus funcionarios y por abuso del derecho de acceso. El Consejo acogió los amparos y ordenó la entrega de los antecedentes, que son numéricos, estadísticos y anonimizados, por lo que su divulgación no permite identificar a personas determinadas ni revela información sobre su estado de salud. Desestimó la causal de distracción indebida por no haberse acreditado sus presupuestos, y descartó el abuso del derecho por no demostrarse que atender los requerimientos comprometiera el funcionamiento del servicio. Asimismo, concedió un plazo adicional al órgano para responder el procedimiento.
Normas citadas
Ley N° 21.030
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Código Sanitario
Artículo 119 del Código Sanitario
Ley N° 18.575
Resolución Exenta N° 491, de 2022
Oficio N° 17629
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Se puede negar el acceso a información estadística sobre interrupciones voluntarias del embarazo alegando distracción indebida de funcionarios?
En este caso, el Consejo para la Transparencia desestimó la causal de distracción indebida porque no se acreditaron sus presupuestos, y ordenó la entrega de los antecedentes.
¿Puede un órgano público rechazar solicitudes de transparencia por considerarlas abuso del derecho de acceso a la información?
En este caso, el Consejo descartó el abuso del derecho porque no se demostró que atender los requerimientos comprometiera el funcionamiento del servicio público reclamado.
¿Los datos numéricos y anonimizados sobre la interrupción voluntaria del embarazo son públicos?
En este caso, el Consejo acogió los amparos y ordenó entregar datos numéricos, estadísticos y anonimizados, al considerar que su divulgación no permite identificar a personas determinadas ni revela información sobre su estado de salud.
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