Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la resolución de la Defensoría Penal Pública, que aplicó la medida disciplinaria de destitución a un funcionario. El organismo concluyó que el sumario se tramitó conforme a la normativa, resguardando el debido proceso del inculpado, y que la sanción guarda proporción con la gravedad de la conducta, calificada como una grave transgresión a la probidad administrativa. Se acreditó que el funcionario, aprovechando una reunión con su superiora para obtener un documento encargado, le consultó sobre sus actividades particulares con el fin de valerse de información sobre extranjeros que serían expulsados del país, por una vía distinta a la establecida legalmente. En consecuencia, se rechazó el reclamo y se dio curso a la resolución. No obstante, se advirtió que, en casos similares, la resolución que determine una medida expulsiva debe emanar de la misma autoridad facultada para efectuar el nombramiento, esto es, el Defensor Nacional, conforme a los artículos 125 y 140 de la ley N° 18.834.