Resumen
La Corte Suprema conoció un recurso de protección deducido por un particular contra la Sociedad Agrícola Don E. S.A., por trabajos realizados en la cuenca del río Tinguiririca que, según el recurrente, destruían defensas fluviales, modificaban el cauce y afectaban el caudal ecológico. La recurrida sostuvo que sólo realizaba mantención de obras existentes en su propiedad. La Dirección General de Aguas constató una intervención del cauce en la ribera norte, presumiblemente realizada por la recurrida, y informó la existencia de tres investigaciones en curso por los mismos hechos. El tribunal revocó la sentencia de primera instancia y acogió el recurso, considerando que el cauce de un río es un bien nacional de uso público según el artículo 30 del Código de Aguas, y que su modificación sin la autorización de la Dirección General de Aguas constituye una acción ilegal. En consecuencia, ordenó el cese inmediato de cualquier acto que pueda afectar el cauce natural del río Tinguiririca, hasta que la Dirección General de Aguas dicte el acto administrativo que autorice las obras, en caso de que sean procedentes.