Resumen
La Contraloría General de la República observó el decreto N° 1447, de 2011, de la Municipalidad de Ñuñoa, que aplicó medidas disciplinarias a funcionarios y atendió el reclamo de ilegalidad de los afectados. La reclamante alegó que el fiscal denegó una diligencia probatoria solicitada en sus descargos. El organismo concluyó que el fiscal sólo está obligado a recibir la prueba que el inculpado ofrece rendir, y no a acceder cuando éste se limita a pedir que se ordenen determinadas diligencias, por lo que su actuar se ajustó a derecho. Se rechazó la reclamación, se estimó acreditada la responsabilidad administrativa de la reclamante, y se determinó que la investigación no estaba agotada, por lo que la municipalidad deberá adoptar medidas para subsanar esa observación respecto de otra servidora a cargo del área social.