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La Contraloría General de la República desestimó el reclamo de ilegalidad presentado po…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Resumen

La Contraloría General de la República desestimó el reclamo de ilegalidad presentado por una funcionaria municipal en contra del sumario administrativo que culminó con la aplicación de una multa del 5% de su remuneración. El órgano contralor señaló que el alcalde, como máxima autoridad edilicia, posee amplias facultades para ponderar las circunstancias y determinar las sanciones disciplinarias, no pudiendo la Contraloría sustituir a la Administración activa en el análisis de los elementos de convicción. Asimismo, indicó que la funcionaria no ejerció las causales de implicancia o recusación contra el investigador durante el sumario, y que se le otorgaron todas las posibilidades de defensa, aceptándose parcialmente sus descargos. Por lo tanto, no se acreditó la falta de imparcialidad alegada.

Normas citadas

  • Ley 18695 art/63 lt/c
  • ley 18695 art/63 lt/d
  • ley 18883 art/130
  • ley 18883 art/132
  • ley 18883 art/156
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede la Contraloría revisar la proporcionalidad de una multa disciplinaria aplicada por el alcalde a un funcionario municipal?

En este caso, la Contraloría sostuvo que el alcalde, como máxima autoridad edilicia, tiene amplias facultades para ponderar las circunstancias y determinar la sanción, y que el órgano contralor no puede sustituir a la Administración activa en el análisis de los elementos de convicción.

¿Se puede alegar falta de imparcialidad del investigador en un sumario administrativo si el funcionario no pidió su implicancia o recusación?

En este caso, la Contraloría indicó que la funcionaria no ejerció las causales de implicancia o recusación contra el investigador durante el sumario, por lo que no se acreditó la falta de imparcialidad alegada.

¿Qué ocurre con el derecho de defensa en un sumario administrativo municipal que termina con una multa?

En este caso, la Contraloría constató que se otorgaron al funcionario todas las posibilidades de defensa, aceptándose parcialmente sus descargos, y por ello desestimó el reclamo de ilegalidad.

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