Resumen
La Contraloría General de la República rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto contra el decreto N° 1.814, de 2012, de la Municipalidad de Santiago, que aplicó a un funcionario la suspensión del empleo con goce del cincuenta por ciento de sus remuneraciones. El organismo consideró que la responsabilidad del funcionario quedó acreditada con las denuncias, declaraciones de testigos, declaraciones de funcionarios municipales y un acta de careo que lo identificó como la persona aludida en la denuncia. Respecto de la valoración de la prueba, señaló que no puede sustituir a la administración activa en esa ponderación. Asimismo, descartó la supuesta contradicción entre la medida original y la ratificada al resolver la reposición, por no advertir diferencias entre ambas sanciones. No obstante, ordenó a la municipalidad investigar una discrepancia en un acta de notificación y informar las medidas adoptadas en 15 días.