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La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de reconsideración del di…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2020

Resumen

La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de reconsideración del dictamen N° 21.536, de 2019, que ya había ordenado al Servicio Nacional de Aduanas regularizar las designaciones de una exfuncionaria en contrata. El organismo sostuvo que las contratas no generan una expectativa protegida por la confianza legítima para ser renovadas en los mismos términos, y que la autoridad puede no renovarlas o designar en grado inferior invocando motivos presupuestarios o cambios en las necesidades del servicio, lo que no se acreditó en el caso. Asimismo, precisó que la pendencia de la reconsideración no suspende los efectos del pronunciamiento original. Por ello, ordenó al servicio regularizar las designaciones en el grado 7° hasta el 31 de enero de 2020, fecha de la renuncia, y pagar la diferencia de remuneraciones respectiva.

Normas citadas

  • ley 18834 art/86 inc/2
  • ley 18834 art/86 inc/1
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Tiene derecho un funcionario a contrata a que se le renueve su designación en los mismos términos cada año?

No necesariamente. En este caso, la Contraloría sostuvo que las contratas no generan una expectativa protegida por la confianza legítima para ser renovadas en los mismos términos, y que la autoridad puede no renovarlas o designar en grado inferior invocando motivos presupuestarios o cambios en las necesidades del servicio, siempre que estos se acrediten, lo que no ocurrió en el caso.

¿Se suspenden los efectos de un dictamen de Contraloría si se pide su reconsideración?

No. En este caso, la Contraloría precisó que la pendencia de la solicitud de reconsideración no suspende los efectos del pronunciamiento original, por lo que el servicio debía cumplirlo mientras tanto.

¿Qué debe hacer un servicio público si Contraloría determina que designó indebidamente a una persona en contrata?

En este caso, la Contraloría ordenó al servicio regularizar las designaciones en el grado 7° hasta la fecha de la renuncia de la funcionaria y pagar la diferencia de remuneraciones correspondiente.

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