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La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de reconsideración de su…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2021

Resumen

La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de reconsideración de su dictamen anterior que invalidó la alteración de contratas de funcionarios de un servicio público. El organismo resolvió que, si bien el déficit presupuestario puede ser una razón válida para modificar contratas, no se justificó adecuadamente por qué la medida recayó en esos empleados en particular. Se concluyó que la autoridad no especificó razones objetivas para seleccionar a los afectados, basándose solo en que accedieron a una asignación profesional, lo que transforma un beneficio en un perjuicio. Por ello, se mantuvo el criterio jurisprudencial sobre la confianza legítima y la necesidad de fundamentar decisiones que afecten a funcionarios a contrata.

Normas citadas

  • POL art/98
  • ley 10336 art/1
  • ley 10336 art/6
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede un servicio público poner término o alterar las contratas de funcionarios por déficit presupuestario?

En este caso, la Contraloría sostuvo que el déficit presupuestario puede ser una razón válida para modificar contratas, pero la autoridad debe justificar por qué la medida recayó en determinados funcionarios.

¿Qué criterio debe cumplir la autoridad para seleccionar a funcionarios a contrata afectados por una alteración de contratas?

La Contraloría concluyó que la autoridad debe especificar razones objetivas para la selección; en este caso no lo hizo y se basó solo en que los funcionarios accedieron a una asignación profesional, lo que transformó un beneficio en un perjuicio.

¿Puede considerarse perjudicial que un funcionario haya accedido a una asignación profesional al momento de decidir su desvinculación?

En este caso, la Contraloría estimó que usar el acceso a una asignación profesional como único fundamento para afectar a esos funcionarios transforma un beneficio en un perjuicio, por lo que mantuvo el criterio sobre la confianza legítima y la necesidad de fundamentar la decisión.

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