Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el reclamo de un funcionario de la Dirección del Trabajo que, pese a ejercer labores de fiscalizador y ministro de fe, mantenía su designación a contrata en la planta técnica. La autoridad sostuvo que tenía facultad para asignar el grado que estimara pertinente. El organismo recordó que los empleos a contrata carecen de grado específico, por lo que la jefatura debe fijarlo según criterios del artículo 10 de la ley N° 18.834, entre ellos la importancia de las funciones, y que reunir los requisitos para la asimilación no obliga a formalizarla. Sin embargo, constató que al reclamante se le asignaban desde 2013 labores de fiscalizador, y concluyó que, si bien la autoridad puede distribuir las tareas, estas deben corresponder al estamento al que el funcionario está asimilado, que en este caso es el técnico. Por ello, instruyó a la autoridad considerar ese criterio al resolver la situación funcionaria del requirente.