Resumen
La Contraloría General de la República representó la Resolución N° 31, de 2012, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que había aplicado a un funcionario la medida disciplinaria de suspensión del empleo por tres meses, con goce del cincuenta por ciento de remuneración. Se le imputó usar su horario laboral y equipos institucionales para visitar sitios web pornográficos, editar material de esa naturaleza, e instalar software de edición de video sin licencia ni autorización, hechos que el funcionario reconoció. El organismo estimó que tales conductas vulneran el principio de probidad administrativa (artículo 61, letra g, de la Ley N° 18.834, y artículo 62, números 3 y 4, de la Ley N° 18.575) y son de particular gravedad. Por ello concluyó que la sanción debía ser la destitución y no una medida correctiva, por lo que representó el acto y remitió los antecedentes para subsanar la objeción.