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La Contraloría General de la República conoció el recurso de un funcionario contra la r…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2013

Resumen

La Contraloría General de la República conoció el recurso de un funcionario contra la resolución N° 611, de 2013, de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, que le aplicó la medida disciplinaria de suspensión. El recurrente alegaba, entre otras cosas, un reintegro que habría omitido considerar, la falta de valoración de cuatro testimonios, una inadecuada ponderación de la prueba y la desproporción de la sanción. El órgano contralor desestimó las impugnaciones: estimó que el reintegro se efectuó solo tras el informe de auditoría interna y la notificación de observaciones, que los hechos pueden acreditarse por cualquier medio probatorio admisible conforme al artículo 35 de la ley N° 19.880, y que la apreciación de la prueba y la gravedad de la sanción corresponden primariamente a la Administración activa. Concluyó que la resolución se ajusta a derecho y al mérito del proceso.

Normas citadas

  • ley 18834 art/126 inc/7
  • ley 19880 art/35 inc/1
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede un funcionario público eludir una sanción disciplinaria de suspensión si reintegra los fondos antes del proceso?

En este caso, la Contraloría General de la República estimó que el reintegro se realizó solo después del informe de auditoría interna y de la notificación de observaciones, por lo que no lo eximió de la sanción de suspensión.

¿Qué medios de prueba pueden usarse para acreditar hechos en un procedimiento disciplinario administrativo en Chile?

En este caso, el órgano contralor sostuvo que los hechos pueden acreditarse por cualquier medio probatorio admisible, conforme al artículo 35 de la ley N° 19.880.

¿Quién decide la valoración de la prueba y la gravedad de una sanción disciplinaria en la Administración del Estado?

En este caso, la Contraloría General de la República indicó que la apreciación de la prueba y la gravedad de la sanción corresponden primariamente a la Administración activa, y concluyó que la resolución se ajustó a derecho.

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