Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la resolución N° 4 de 2014 de la Tesorería General de la República, que aplicó una suspensión de tres meses, con goce del 50% de las remuneraciones, a una funcionaria por proporcionar y facilitar reiteradamente el acceso a sistemas informáticos a personas ajenas al servicio. El organismo concluyó que las conductas constituyen contravenciones a los deberes funcionarios y que procede atribuir responsabilidad administrativa, pero estimó que la sanción es excesiva en relación con las infracciones. Lo fundó en que la funcionaria reconoció los hechos, que actuó para descongestionar la dependencia ante una solicitud masiva de certificaciones y no en beneficio propio, y que los documentos no contenían información reservada. Por ello, representó la medida para que el servicio la ponderara nuevamente según el mérito del procedimiento disciplinario.