El Consejo para la Transparencia rechazó un amparo de acceso a la información presentad…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2024
Resumen
El Consejo para la Transparencia rechazó un amparo de acceso a la información presentado contra la Universidad de Santiago de Chile, que solicitaba datos sobre personal administrativo en modalidad de teletrabajo. El Consejo fundó su decisión en la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, al estimar que la entrega de la información afectaba derechos de una funcionaria. La resolución fue adoptada por la unanimidad de los miembros presentes del Consejo Directivo, y se encomendó notificar la decisión a las partes. Se dejó constancia de que el Presidente del Consejo se abstuvo de intervenir y votar por estimar que concurría a su respecto una causal de conflicto de intereses, lo que fue acogido por el órgano. En contra de la decisión procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de quince días corridos desde la notificación, conforme a la Ley de Transparencia.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 20.066
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Artículo 7º de la ley N° 20.066
Ley N° 21.645
Ley 21.369
Oficio N° 335
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Puede una universidad pública negar información sobre el teletrabajo de su personal administrativo?
En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó el amparo y estimó que la entrega de esos datos afectaba derechos de una funcionaria, configurando la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia.
¿Qué causal de reserva permite denegar información sobre funcionarios públicos?
En este caso, el Consejo aplicó la causal del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, al considerar que la entrega de la información solicitada afectaba derechos de una funcionaria.
¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia que rechaza un amparo?
En este caso, el Consejo indicó que en contra de su decisión procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de quince días corridos desde la notificación.
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