Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la reclamación de un funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile contra su calificación. El recurrente sostenía que la evaluación de su jefe directo obligaba a la junta calificadora a ubicarlo en una nómina determinada, y cuestionaba además su clasificación en la Lista N° 3 por una sanción impuesta de propia iniciativa. El organismo concluyó que las juntas calificadoras no están obligadas a asignar un puntaje específico ni a una nómina determinada, y que no tienen atribuciones para revisar la licitud de una sanción, pues la presentación no es el mecanismo idóneo para impugnar una medida disciplinaria firme. Según el Reglamento de Calificaciones y el Reglamento de Disciplina del Ministerio de Defensa Nacional, la revisión de sanciones corresponde al superior de quien la aplicó y, en último término, al Director General. Por ello, la calificación fue declarada ajustada a derecho.