Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la calificación de una funcionaria de la Policía de Investigaciones de Chile, que había sido impugnada. El dictamen sostuvo que las anotaciones positivas son antecedentes a considerar en la evaluación y que el reclamo de calificación no es el mecanismo idóneo para impugnar una sanción firme. Sin embargo, constató que la constancia negativa del 29 de septiembre de 2015 no se acreditaba, ya que la hoja de vida de la funcionaria aparecía suscrita por ella. Además, la opinión del jefe directo estaba viciada por haber sido emitida por un precalificador que había sido denunciado por la recurrente, lo que afecta la imparcialidad exigida por el artículo 62, N° 6, de la Ley N° 18.575. En consecuencia, ordenó a la autoridad institucional invalidar la evaluación, revisar la conducta descrita y practicar una nueva opinión de jefe directo por un funcionario no inhabilitado. Aclaró, por último, que el traslado a Valdivia no constituye sanción disciplinaria, sino una facultad del Director General.