Constitucional AIIniciar sesión
Inicio›Jurisprudencia›Derecho constitucional
ConstitucionalRechaza

Una empresa constructora dedujo un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituciona…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

Una empresa constructora dedujo un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra la expresión 'solo' del artículo 32, inciso primero, de la Ley N° 18.287, que restringe la apelación en asuntos conocidos por Jueces de Policía Local. El caso se originó en una demanda de indemnización por presunta infracción a la Ley N° 19.983, en la que la requirente sostenía que la norma le impedía apelar y remediar la incompetencia del tribunal de primera instancia. El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento, estimando que el precepto impugnado no produce resultados contrarios a la Constitución. Hubo una disidencia que sostuvo que la falta de un recurso efectivo y oportuno para discutir la incompetencia antes de la sentencia de primer grado vulnera el debido proceso, por lo que habría acogido el requerimiento.

Normas citadas

  • Ley N° 19.983 (Regula y Otorga Mérito Ejecutivo a la Copia de la Factura)
  • Constitución Política de la República
recurso de apelaciónJueces de Policía Localdebido procesoinaplicabilidad por inconstitucionalidadacceso a segunda instanciaincompetencia de jurisdicciónrestricción de recursosderechos fundamentales

Preguntas frecuentes

¿Se puede apelar una sentencia de un Juez de Policía Local en un asunto de la Ley de Factura cuando el juez se declara competente?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad y estimó que la restricción del artículo 32 de la Ley N° 18.287 no produce resultados contrarios a la Constitución. Con ello, la limitación de la apelación en estos asuntos se mantuvo vigente.

¿El impedimento de apelar la competencia de un Juez de Policía Local vulnera el debido proceso?

El Tribunal Constitucional no lo estimó así en este caso y rechazó el requerimiento. Hubo una disidencia que sostuvo que la falta de un recurso efectivo y oportuno para discutir la incompetencia antes de la sentencia de primer grado sí vulnera el debido proceso.

¿Qué pasa si un Juez de Policía Local conoce una demanda de indemnización por infracción a la Ley de Factura y la parte considera que no es competente?

En este caso, la requirente sostuvo que la norma le impedía apelar y remediar la incompetencia del tribunal de primera instancia, pero el Tribunal Constitucional rechazó su requerimiento. La discusión sobre la incompetencia quedó así sin un recurso específico previo a la sentencia de primer grado.

Más jurisprudencia de derecho constitucional de 2025 →

Lee el documento completo

Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.

Ver el documento completoYa tengo cuenta

La IA lo lee completo y te responde citando el fallo y la jurisprudencia relacionada.

Te pedimos crear una cuenta gratis para responderte.

Jurisprudencia relacionada

  • El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad dirigido contra…

    Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025

  • La Corte de Apelaciones rechazó un requerimiento de inaplicabilidad presentado por una…

    Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

  • Una inmobiliaria requirió al Tribunal Constitucional la declaración de inaplicabilidad…

    Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

  • Una inmobiliaria dedicada a la venta de viviendas dedujo un requerimiento de inaplicabi…

    Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

  • El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad presentado por u…

    Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022

Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona

Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.