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Una inmobiliaria requirió al Tribunal Constitucional la declaración de inaplicabilidad…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

Una inmobiliaria requirió al Tribunal Constitucional la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la expresión "sólo" del artículo 32, inciso primero, de la Ley N° 18.287, que restringe el recurso de apelación en asuntos conocidos por Jueces de Policía Local. El requerimiento surgió de un procedimiento de protección de derechos del consumidor seguido ante el Primer Juzgado de Policía Local de Vitacura, en el que la requirente había opuesto una excepción de incompetencia absoluta. El Tribunal rechazó el requerimiento en todas sus partes por empate de votos, sin alcanzar la mayoría exigida por el artículo 93, inciso primero, numeral 6°, de la Constitución. Dejó sin efecto la suspensión del procedimiento y no condenó en costas a la requirente, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

Normas citadas

  • Artículo 32, inciso primero, Ley N° 18.287
  • Artículo 93, inciso primero, numeral 6°, Constitución Política de la República
  • Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
  • Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores
  • Código Civil
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Preguntas frecuentes

¿Puede una empresa pedir al Tribunal Constitucional que declare inaplicable la restricción de apelación en los juicios de Policía Local por consumo?

En este caso, una inmobiliaria requirió al Tribunal Constitucional la inaplicabilidad de la expresión "sólo" del artículo 32, inciso primero, de la Ley N° 18.287, que restringe la apelación en asuntos de Jueces de Policía Local. El requerimiento se presentó dentro de un procedimiento de protección de derechos del consumidor.

¿Qué pasa si el Tribunal Constitucional empata en la votación de un requerimiento de inaplicabilidad?

En este caso, el Tribunal rechazó el requerimiento en todas sus partes por empate de votos, sin alcanzar la mayoría exigida por el artículo 93, inciso primero, numeral 6°, de la Constitución. Además, dejó sin efecto la suspensión del procedimiento.

¿Debe pagar costas la parte que pierde un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional?

En este caso, el Tribunal no condenó en costas a la requirente, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar. La inmobiliaria había opuesto previamente una excepción de incompetencia absoluta en el juzgado de Policía Local.

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