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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra la expresión "sólo" del artículo 32, inciso primero, de la Ley N° 18.287, que regula el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local. La norma cuestionada restringía el recurso de apelación únicamente a las sentencias definitivas y a las resoluciones que hicieran imposible continuar el juicio, impidiendo impugnar decisiones interlocutorias dictadas durante la sustanciación del proceso. El requirente sostenía que esa limitación afectaba el debido proceso y el derecho a una segunda instancia. El Tribunal acogió el requerimiento y declaró inaplicable el precepto en la gestión concreta, por estimar que la exigencia constitucional de un proceso previo legalmente tramitado tiene carácter sustantivo y que vedar la apelación de resoluciones distintas de la sentencia definitiva genera una contradicción con la Carta Fundamental. La decisión se adoptó con el voto de la mayoría, mientras un ministro disintió.

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Preguntas frecuentes

¿Se puede apelar una resolución interlocutoria dictada durante el juicio ante el Juzgado de Policía Local?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y declaró inaplicable la expresión que limitaba la apelación solo a las sentencias definitivas, por estimar que vedar la impugnación de resoluciones distintas genera contradicción con la Carta Fundamental.

¿La limitación del recurso de apelación afecta el debido proceso y el derecho a una segunda instancia?

En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que la exigencia constitucional de un proceso previo legalmente tramitado tiene carácter sustantivo y que impedir la apelación de resoluciones distintas de la sentencia definitiva contradice la Carta Fundamental.

¿Qué ocurre si una ley solo permite apelar la sentencia definitiva y no las resoluciones interlocutorias?

En este caso, el Tribunal Constitucional declaró inaplicable esa restricción en la gestión concreta, al considerar que la exigencia de un proceso legalmente tramitado es sustantiva y que tal limitación contradice la Carta Fundamental.

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