Una inmobiliaria dedicada a la venta de viviendas dedujo un requerimiento de inaplicabi…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
Una inmobiliaria dedicada a la venta de viviendas dedujo un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra la palabra 'sólo' del artículo 32, inciso primero, de la Ley N° 18.287, que limita el recurso de apelación en los juicios de Policía Local. La requirente lo planteó dentro de un juicio por infracción a la Ley de Protección al Consumidor, relativo a un contrato de promesa de compraventa, iniciado por un consumidor. El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento, estimando que la restricción no vulnera derechos fundamentales ni principios constitucionales, sino que responde a criterios de celeridad y eficiencia procesal. La sentencia tuvo una disidencia, cuyo voto estuvo por acoger el requerimiento: a juicio de esa posición, impedir apelar resoluciones dictadas durante la tramitación contradice la exigencia constitucional de un proceso previo legalmente tramitado, por lo que debía declararse inaplicable el precepto.
Normas citadas
Ley N° 18.287 - Artículo 32, inciso primero
Ley N° 19.946 - Ley de Protección al Consumidor, Artículo 24
Código Civil
Constitución Política de la República
inaplicabilidad por inconstitucionalidadrecurso de apelaciónjuzgados de policía localrestricción procesalprotección al consumidorderecho de acceso a recursosceleridad procesalpromesa de compraventa
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional limitar el recurso de apelación en los juicios de Policía Local?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento contra la palabra 'sólo' del artículo 32, inciso primero, de la Ley N° 18.287, estimando que la restricción no vulnera derechos fundamentales ni principios constitucionales, sino que responde a criterios de celeridad y eficiencia procesal.
¿Puede una inmobiliaria pedir la inaplicabilidad de una norma sobre apelaciones en un juicio por infracción a la Ley de Protección al Consumidor?
En este caso, la inmobiliaria dedujo el requerimiento dentro de un juicio por infracción a la Ley de Protección al Consumidor, iniciado por un consumidor por un contrato de promesa de compraventa, y el Tribunal Constitucional lo rechazó por el fondo.
¿Impedir apelar resoluciones dictadas durante la tramitación de un juicio contradice la exigencia de un proceso previo legalmente tramitado?
En este caso, un voto disidente sostuvo que sí la contradice y que debía declararse inaplicable el precepto, pero la mayoría del Tribunal Constitucional no compartió esa posición y rechazó el requerimiento.
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