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La Corte de Apelaciones rechazó un requerimiento de inaplicabilidad presentado por una…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones rechazó un requerimiento de inaplicabilidad presentado por una constructora contra la frase 'solo en contra de las sentencias definitivas o de aquellas resoluciones que hagan imposible la continuación del juicio', contenida en el artículo 32 de la Ley N° 18.287 sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local. La empresa cuestionaba esta restricción al recurso de apelación en el marco de un proceso originado por una querella infraccional y demanda civil de indemnización de perjuicios por incumplimiento de garantía en la entrega de una vivienda con daños estructurales, invocando infracciones a la Ley 19.496 sobre Protección de Derechos de los Consumidores. El tribunal consideró que la limitación no vulnera derechos constitucionales, pues responde a criterios de celeridad y eficiencia procesal propios de la jurisdicción de Policía Local, y que existen otros mecanismos de control para resguardar el debido proceso.

Normas citadas

  • Ley N° 18.287 - Artículo 32 (Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local)
  • Ley N° 19.496 (Protección de los Derechos de los Consumidores)
  • Ley N° 19.472 (Modifica D.F.L N° 458 de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones)
  • Constitución Política de la República de Chile
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Preguntas frecuentes

¿Puede una constructora impugnar la restricción de apelar en un juicio de Policía Local por una demanda de garantía por daños en una vivienda?

En este caso, la constructora cuestionó la restricción del artículo 32 de la Ley 18.287 en un proceso con querella infraccional y demanda civil por incumplimiento de garantía bajo la Ley 19.496, pero la Corte de Apelaciones desestimó su reclamo por considerar que la limitación no afecta derechos constitucionales.

¿Qué criterio usa la justicia para justificar que en Policía Local no todas las resoluciones sean apelables?

En este caso, el tribunal fundó la limitación en la celeridad y eficiencia procesal propias de los Juzgados de Policía Local, y estimó que otros mecanismos de control bastan para proteger el debido proceso.

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