Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre diversas actuaciones del alcalde de Recoleta. Concluyó que el jefe comunal no se ajustó a derecho al presentar su declaración de intereses fuera de plazo, al intervenir en la discusión del otorgamiento de una subvención a una organización determinada y en la utilización de la página web municipal. Respecto de la facilitación de un establecimiento educacional para una reunión social, estimó que no se infringió el principio de probidad. En cuanto a la instalación de estructuras publicitarias sin permiso municipal, el dictamen recordó que la propaganda electoral instalada antes de la fecha legal constituye infracción, que la fiscalización corresponde a Carabineros y a los juzgados de policía local, y que cualquier transgresión debe ser conocida por los tribunales de justicia. Asimismo, recordó que el alcalde debe ser considerado para el quórum de los acuerdos del concejo, por su derecho a voto distinto de la facultad de dirimir empates.