Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre un equipamiento deportivo construido en el marco de un «contrato de barrio» en la comuna de Estación Central. El Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano recibió la obra en 2012 y, en 2014, remitió los antecedentes al municipio para que asumiera su cuidado, mantención y administración. Entre esa remisión y un decreto municipal de diciembre de 2014, que autorizó a un centro vecinal para administrarlo por siete años, la infraestructura fue utilizada por particulares que habrían cobrado por su uso, sin que la municipalidad los autorizara formalmente. El organismo concluyó que el municipio no actuó conforme a derecho y le ordenó iniciar una investigación para determinar eventuales responsabilidades administrativas, remitiendo copia del acto a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía dentro de 20 días hábiles.