El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Subsecretaría de…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2024
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Subsecretaría de Energía, al que se le ordenó entregar los antecedentes que las empresas transmisoras Transmisora Valle Allipén S.A. y Transmisora Melipeuco S.A. presentaron para la dictación de los D.S.E. Nº 209 y Nº 210, de 16 de noviembre de 2022, que autorizaron la cesión de una concesión eléctrica entre ambas sociedades, incluyendo copia del contrato de compraventa de activos celebrado entre ellas. El Consejo estimó que se trata de información pública que obra en poder del órgano requerido, conforme al artículo 8° de la Constitución y a los artículos 5°, 10 y siguientes de la Ley de Transparencia, y desestimó la causal de reserva del artículo 21 N°2 de dicha ley. Se apercibió a la autoridad con las sanciones del artículo 46 de la ley en caso de no entregar la información en plazo, y se estableció que el cumplimiento debe acreditarse ante el Consejo. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de 15 días corridos desde la notificación.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Decreto Supremo N° 118
Decreto Supremo N° 42
Resolución Exenta N° 127
Resolución Exenta N° 94
Oficio ordinario N° 1687
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Son públicos los antecedentes que empresas transmisoras presentan a la autoridad para obtener la autorización de cesión de una concesión eléctrica?
En este caso, el Consejo para la Transparencia estimó que los antecedentes presentados por las empresas para la autorización de la cesión de una concesión eléctrica son información pública que obra en poder de la Subsecretaría de Energía, y ordenó su entrega.
¿Qué ocurre si un órgano de la Administración del Estado no entrega la información que el Consejo para la Transparencia ordenó entregar?
En este caso, el Consejo apercibió a la autoridad con las sanciones del artículo 46 de la Ley de Transparencia en caso de incumplimiento y exigió acreditar el cumplimiento ante el propio Consejo. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de 15 días corridos desde la notificación.
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