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La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un reclamo de ilegalidad presentado por dos…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2024

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un reclamo de ilegalidad presentado por dos empresas del rubro eléctrico contra una decisión del Consejo para la Transparencia, que había ordenado entregar información sobre una concesión eléctrica, incluido un contrato privado. Las recurrentes alegaron que la divulgación afectaba sus derechos económicos, pero la Corte determinó que no invocaron esa causal de reserva ante el Consejo en la oportunidad procesal correspondiente, pese a haber sido notificadas para presentar descargos. Por ello, estimó que precluyó su derecho a impugnar la decisión en sede judicial, ya que no puede revisarse la legalidad de asuntos que no fueron debatidos ni probados ante el órgano administrativo. El fallo fue dictado por la Octava Sala del tribunal.

Normas citadas

  • Ley 20.285
  • DFL N° 4
  • Decreto Supremo N° 10
  • Artículo 28 de la ley 20.285
  • Artículo 5° de la ley 20.285
Derecho AdministrativoTransparenciaProtección de DatosDerecho ComercialRecurso de Ilegalidad

Preguntas frecuentes

¿Qué efecto tiene no presentar descargos cuando el Consejo para la Transparencia notifica a un tercero para que se pronuncie sobre la entrega de información?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago estimó que las empresas, pese a haber sido notificadas para presentar descargos, no lo hicieron respecto de la causal de derechos económicos. Como consecuencia, perdieron la posibilidad de alegarla luego en el reclamo de ilegalidad.

¿Procede un reclamo de ilegalidad contra una decisión del Consejo para la Transparencia que ordena entregar un contrato privado de una concesión eléctrica?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por dos empresas del rubro eléctrico contra la decisión del Consejo que ordenó entregar la información, incluido un contrato privado. El tribunal, dictado por la Octava Sala, concluyó que no podía revisar la legalidad de asuntos que no se debatieron ante el órgano administrativo.

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