Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la declaración de incompatibilidad de salud de un exdocente por parte de la Municipalidad de Chiguayante. El órgano contralor concluyó que la municipalidad no se ajustó al ordenamiento jurídico, pues el docente había retomado sus funciones con normalidad tras sus licencias médicas de 2015 y se desempeñó sin impedimento hasta enero de 2017, salvo cinco días de licencia en 2016. Se indicó además que todo acto administrativo que afecte derechos debe estar fundado, expresando los motivos y antecedentes de hecho y de derecho, y que una mera referencia formal no basta. Como consecuencia, la municipalidad debe regularizar la situación, ya sea complementando el acto con los fundamentos de la incompatibilidad o reincorporando al funcionario a su empleo, informando a la Contraloría Regional del Bío-Bío en el plazo de veinte días hábiles.