El Juzgado de Policía Local de Calama conoció una denuncia por infracción a la Ley del…
Sentencia · JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE CALAMA · 2013
Resumen
El Juzgado de Policía Local de Calama conoció una denuncia por infracción a la Ley del Consumidor presentada por una clienta contra una empresa de seguridad domiciliaria, por no acudir a dos llamados de alarma pactados en el contrato de prestación de servicios, además de no dar respuesta satisfactoria a sus reclamos. La denunciante aportó documentación sobre el contrato, los pagos y la devolución de los implementos de seguridad. El tribunal, apreciando la prueba conforme a las reglas de la sana crítica autorizadas por la ley 18.287, concluyó que el proveedor incumplió su obligación de asistir a los llamados de alarma, generando incomodidad e inseguridad en la denunciante, lo que constituye una infracción a la ley 19.496. En consecuencia, condenó a la empresa al pago de 5 UTM y a las costas del procedimiento.
Normas citadas
Ley 19.496, Art. 23 Inc. 1
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si una empresa de seguridad domiciliaria no acude a los llamados de alarma pactados en el contrato?
En este caso, el Juzgado de Policía Local de Calama concluyó que el proveedor incumplió su obligación de asistir a los llamados de alarma, lo que constituye una infracción a la Ley 19.496 y lo condenó al pago de una multa y las costas.
¿Se puede denunciar a una empresa de seguridad por no responder satisfactoriamente los reclamos del cliente?
En este caso, el tribunal consideró el incumplimiento de la obligación de asistir a los llamados de alarma y la falta de respuesta satisfactoria a los reclamos como una infracción a la Ley del Consumidor, sancionando a la empresa.
¿Cómo se valora la prueba en una denuncia por infracción a la Ley del Consumidor ante el Juzgado de Policía Local?
En este caso, el Juzgado de Policía Local de Calama apreció la prueba conforme a las reglas de la sana crítica autorizadas por la ley 18.287 para tener por acreditado el incumplimiento del proveedor.
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