El Juzgado de Policía Local de María Pinto rechazó una querella infraccional y demanda…
Sentencia · JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE MARIA PINTO · 2021
Resumen
El Juzgado de Policía Local de María Pinto rechazó una querella infraccional y demanda civil por supuesta infracción a la Ley 19.496 sobre protección de los consumidores, interpuesta por un cliente contra una empresa de servicios de monitoreo de alarmas y cámaras de seguridad. El actor alegaba que la proveedora no cumplió sus obligaciones contractuales al no enviar las grabaciones del día de un robo, pues los antisociales destruyeron el equipo. El tribunal, aplicando el artículo 1698 del Código Civil, estimó que correspondía al querellante acreditar la conducta infraccional, lo que no ocurrió, ya que el comparendo se realizó en rebeldía del actor. Al carecer de elementos que permitieran atribuir a la proveedora una infracción a la Ley 19.496, rechazó tanto la querella como la demanda civil, sin condenar en costas por estimar que el querellante tuvo motivos plausibles para litigar.
Normas citadas
Ley 19.496, Art. 3 Inc. 1 Letra b
Ley 19.496, Art. 3 Inc. 1 Letra c
Ley 19.496, Art. 3 Inc. 1 Letra e
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios
Preguntas frecuentes
¿Quién debe probar la infracción a la Ley del Consumidor en un juicio ante el Juzgado de Policía Local?
En este caso, el Juzgado de Policía Local de María Pinto aplicó el artículo 1698 del Código Civil y estimó que correspondía al querellante acreditar la conducta infraccional, lo que no ocurrió.
¿Qué pasa si el demandante no asiste al comparendo en un juicio por infracción a la Ley 19.496?
En este caso, el comparendo se realizó en rebeldía del actor y, al carecer de elementos que permitieran atribuir una infracción a la proveedora, el tribunal rechazó la querella y la demanda civil.
¿Se condena en costas al consumidor que pierde una demanda por infracción a la Ley del Consumidor?
En este caso, el Juzgado de Policía Local de María Pinto no condenó en costas al querellante por estimar que tuvo motivos plausibles para litigar, pese a rechazar la querella y la demanda civil.
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