Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón del decreto N° 1.108, de 2010, del Ministerio del Interior, que aprueba el convenio de compra de servicios con el Servicio de Salud de Coquimbo para implementar un programa de tratamiento integral de adolescentes infractores de ley con consumo problemático de alcohol y drogas y otros trastornos de salud mental. Con todo, el organismo precisó que la facultad del ministerio de poner término anticipado al convenio por incumplimientos del Servicio debe motivarse en las situaciones específicas que detalla el contrato, pues el mero incumplimiento no satisface los requisitos de precisión, certeza y seguridad jurídica exigidos por su jurisprudencia. Asimismo, indicó que, de verificarse causales de término, el ministerio debe cursarlo, en resguardo de la interdicción de la arbitrariedad y de los intereses fiscales. Finalmente, declaró que la cláusula décimo sexta, que prohíbe al Servicio encomendar a terceros las obligaciones para atender directamente a los beneficiarios, debe tenerse por no escrita, por ser incompatible con las cláusulas que admiten la subcontratación.