Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón de trece decretos del Ministerio del Interior, dictados en 2011, que aprueban convenios de compra de servicios con diversas entidades para implementar un programa de apoyo a planes de tratamiento y rehabilitación de personas con problemas derivados del consumo de drogas, por ajustarse a derecho. Sin embargo, advirtió que la facultad del ministerio de poner término anticipado a los convenios por incumplimiento debe motivarse en las situaciones detalladas en la cláusula respectiva, pues el mero incumplimiento no satisface los requisitos de precisión, certeza y seguridad jurídica. Además, señaló que, si concurren causales de término o se aplican multas, el ministerio debe cursarlas, en resguardo de la interdicción de la arbitrariedad y de los intereses fiscales. Finalmente, precisó que la prohibición de encomendar a terceros las prestaciones debe interpretarse en armonía con la cláusula que permite atenderlas mediante establecimientos propios o subcontratados individualizados en anexo.