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La Contraloría General de la República tomó razón del decreto N° 107, de 2011, del Mini…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2011

Resumen

La Contraloría General de la República tomó razón del decreto N° 107, de 2011, del Ministerio del Interior, que aprueba el convenio de compra de servicios celebrado con la Fundación Paréntesis para implementar un programa de apoyo a planes de tratamiento y rehabilitación de personas con problemas derivados del consumo de drogas, por ajustarse a derecho. Sin perjuicio de ello, el organismo precisó que la facultad del ministerio de poner término anticipado al convenio por incumplimientos de la entidad deberá motivarse en las situaciones detalladas en el contrato, pues el mero incumplimiento no satisface los requisitos de precisión, certeza y seguridad jurídica exigidos por su jurisprudencia. Asimismo, indicó que, de verificarse causales de término o la aplicación de multas, el ministerio debe cursarlas en respeto a la interdicción de la arbitrariedad y al resguardo de los intereses fiscales. Finalmente, interpretó la prohibición de encomendar obligaciones a terceros en armonía con la cláusula sexta, que permite prestar servicios mediante establecimientos propios o subcontratados individualizados en el anexo 1.

ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede el Ministerio del Interior poner término anticipado a un convenio de compra de servicios por el solo incumplimiento de la entidad ejecutora?

En este caso, la Contraloría señaló que el mero incumplimiento no basta; la facultad de término anticipado debe motivarse en las situaciones detalladas en el contrato, por exigencia de precisión, certeza y seguridad jurídica.

¿Cómo debe proceder la Administración al aplicar multas o término anticipado a un convenio con una fundación por incumplimientos?

En este caso, la Contraloría indicó que, si se verifican causales de término o multas, el ministerio debe cursarlas respetando la interdicción de la arbitrariedad y el resguardo de los intereses fiscales.

¿Puede una entidad ejecutora subcontratar a terceros la prestación de servicios de un convenio con el Estado?

En este caso, la Contraloría interpretó que la prohibición de encomendar obligaciones a terceros debe armonizarse con la cláusula que permite prestar servicios mediante establecimientos propios o subcontratados individualizados en el anexo 1.

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