Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón del decreto N° 107, de 2011, del Ministerio del Interior, que aprueba el convenio de compra de servicios celebrado con la Fundación Paréntesis para implementar un programa de apoyo a planes de tratamiento y rehabilitación de personas con problemas derivados del consumo de drogas, por ajustarse a derecho. Sin perjuicio de ello, el organismo precisó que la facultad del ministerio de poner término anticipado al convenio por incumplimientos de la entidad deberá motivarse en las situaciones detalladas en el contrato, pues el mero incumplimiento no satisface los requisitos de precisión, certeza y seguridad jurídica exigidos por su jurisprudencia. Asimismo, indicó que, de verificarse causales de término o la aplicación de multas, el ministerio debe cursarlas en respeto a la interdicción de la arbitrariedad y al resguardo de los intereses fiscales. Finalmente, interpretó la prohibición de encomendar obligaciones a terceros en armonía con la cláusula sexta, que permite prestar servicios mediante establecimientos propios o subcontratados individualizados en el anexo 1.