Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón de decretos del Ministerio del Interior que aprueban convenios de compra de servicios con distintas entidades para implementar programas de tratamiento integral de adolescentes infractores de ley con consumo problemático de alcohol y drogas y otros trastornos de salud mental. El dictamen concluye que el ministerio puede poner término anticipado a los convenios por incumplimiento de las entidades, pero que ese incumplimiento debe motivarse en las situaciones específicas previstas en el contrato, pues el mero incumplimiento genérico no cumple con los requisitos de precisión, certeza y seguridad jurídica. Asimismo, indica que, si se verifican tales causales o corresponde aplicar multas, el ministerio está obligado a adoptar las medidas, en resguardo de la interdicción de la arbitrariedad y de los intereses fiscales. Además, interpreta la cláusula que prohíbe encomendar a terceros las obligaciones en armonía con la cláusula que permite prestarlas a través de establecimientos propios o subcontratados individualizados en anexo. Finalmente, precisa que el plan ambulatorio intensivo medio libre de un convenio dura 204 meses y no 240, como erróneamente indicaba el texto.