Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón del decreto N° 708 de 2011, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprueba el convenio de compra de servicios con el Servicio de Salud Metropolitano Norte para implementar un Programa de Tratamiento Integral de Adolescentes Infractores de Ley con consumo problemático de alcohol y drogas y otros trastornos de salud mental. El órgano fiscalizador lo declaró ajustado a derecho, pero con tres alcances. Primero, la facultad del Ministerio para poner término anticipado al convenio por incumplimientos del Servicio debe fundarse en las situaciones específicas previstas en la cláusula novena, pues el mero incumplimiento no cumple los requisitos de precisión, certeza y seguridad jurídica. Segundo, si se verifican esas causales, el Ministerio está obligado a poner término al contrato, en resguardo de la interdicción de la arbitrariedad y de los intereses fiscales. Tercero, la cláusula décimo sexta, que prohibía al Servicio encomendar a terceros las obligaciones de atención directa a los beneficiarios, se tuvo por no escrita, dado que las cláusulas sexta y décima admiten la subcontratación.