Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia de las bonificaciones de los artículos 4 y 5 de la ley 19.490 solicitadas por un funcionario que había trabajado en la Subsecretaría de Salud Pública durante el año 2010 y que, desde enero de 2011, prestaba servicios en el Instituto de Salud Pública de Chile. El organismo concluyó que estas asignaciones son un incentivo al desempeño en un determinado servicio, por lo que sus requisitos, incluido estar en funciones en el servicio a la fecha del pago, deben cumplirse copulativamente en el mismo servicio. Como el peticionario no se encontraba prestando servicios en la Subsecretaría al momento del pago ni cumplía los requisitos en su actual contratación, la Contraloría resolvió que no tenía derecho a percibir los beneficios reclamados.